El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó ajustes al Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas mediante el Decreto Supremo N.º 001-2026-EF, con el objetivo de fortalecer la gestión de las contrataciones estatales y adecuar las normas a las necesidades actuales de ejecución de obras y adquisición de bienes y servicios (comprasestatales.org, 2026).
Entre las principales modificatorias destaca la actualización de plazos y procedimientos de evaluación de ofertas, garantías y mecanismos de adjudicación, así como la incorporación de criterios que promueven una mayor transparencia y predictibilidad en los procesos de contratación pública. Estos ajustes responden a la experiencia acumulada desde la entrada en vigencia del reglamento y buscan reducir obstáculos procedimentales que pueden afectar la eficiencia en la contratación estatal.
El decreto también incorpora precisiones sobre la solvencia y clasificación de proveedores, incluyendo criterios de evaluación técnica y financiera más claros, lo que podría influir en los criterios de elegibilidad de participantes en procesos de selección. De igual forma, se actualizan disposiciones sobre mecanismos de solución de controversias y requisitos de garantía, con miras a equilibrar los intereses de la administración pública y los proveedores.
Estos cambios refuerzan la necesidad de fortalecer los protocolos de cumplimiento, tanto de los estándares de las ofertas y el cumplimiento de requisitos por parte de los postores como en el seguimiento de los plazos propios de los procesos de contratación pública. Ello resulta fundamental para gestionar adecuadamente las contingencias propias de estos procedimientos.
En un contexto de constante evolución regulatoria en materia de contrataciones del Estado, el decreto supremo N.º 001-2026-EF destaca como un instrumento relevante para armonizar procedimientos, fortalecer la competencia y promover un ambiente de contratación más eficiente y jurídicamente sólido.
Referencias: