La paralización de proyectos de infraestructura pública en el Perú constituye un problema estructural que afecta profundamente a la ejecución contractual, la gestión de riesgos legales y la competitividad del sector construcción. Según datos recientes de la Contraloría General de la República consignados por Comex Perú, a setiembre de 2025 el país tenía más de S/ 42,362 millones comprometidos en obras públicas sin concluir, distribuidos en 2 215 proyectos a nivel nacional, regional y local (ComprasEstatales.org, 2026).
Los gobiernos regionales concentran una parte significativa de los recursos comprometidos, con S/ 16 686 millones en 306 obras paralizadas, seguidos por el Gobierno Nacional con S/ 16 636 millones y los gobiernos locales con S/ 9 004 millones. Aunque las municipalidades acumulan el mayor número de proyectos detenidos, los montos más elevados corresponden a los niveles nacional y regional, lo que indica que obras de mayor envergadura han quedado interrumpidas.
Desde la perspectiva del derecho de la construcción, este fenómeno es, en su mayoría de veces, resultado de una serie de factores que se desencadenan de forma progresiva, entre estos se puede mencionar una gestión de riesgos que no alcanza un nivel de eficiencia estimada, por otra parte, en muchos casos el conocimiento detallado de las condiciones contractuales genera un nivel de hostilidad entre las Partes del proyecto, quienes más allá de entender los mecanismos contractuales para atender las diversas contingencias derivadas del proyecto, toman un camino defensivo.
Es por ello que, además, se hace de vital importancia que dentro en un proyecto se conozca la labor fundamental de aquel que es nombrado gestor del proyecto, en caso sus facultades superen la barrera de la “sola supervisión”. En la actualidad, los modelos contractuales con altos estándares de gestión contemplan la labor del Ingeniero como un gestor, bajo todos sus aspectos, de manera especial en su función decisoria, como una entidad capaz de emitir decisiones vinculantes para los actores dentro de un proyecto de construcción.
Todfo lo anterior se puede articular junto a una correcta gestión de controversias, lo cual implica que gestionar correctamente los riesgos sobrevinientes de la ejecución de un proyecto no implica la paralización de alguna de las obras, sino que el contrato mismo puede permitir un flujo dinámico del proyecto y, a la par, optar por todo mecanismo efectivo para alcanzar acuerdos que eviten la dilación de alguna controversia.
Para todo especialista en la materia, es esencial articular estrategias que consideren la prevención del riesgo contractual, la anticipación de conflictos y la adecuada interpretación de las cláusulas contractuales en obras públicas, con el fin de asegurar la continuidad productiva del sector construcción en el país.
Referencias:
Expreso. (2025, octubre 7). Las obras públicas frenadas le cuestan muy caro al Perú.