Proyecto del reglamento de Ley de Contrataciones del Estado disminuye de 60% a 30% el límite máximo del pago por adelanto de obras.
La nueva regulación de contrataciones del Estado –cuyo reglamento entraría en vigencia en diciembre– encarecería el costo de las obras públicas para los contratistas, indicó Erick Valderrama, gerente del área legal de PwC. Esto debido a que el límite máximo permitido de pago por adelanto de obra por parte del Estado se reduciría de 60% a 30% del total, según el proyecto del reglamento. El especialista indicó que antes el cálculo del costo incluía que el Estado daría el 60%, y por el 40% restante el privado buscaba apalancamiento, con lo cual no había tanto costo para el contratista. La reducción del límite máximo tendría un efecto negativo. “Puede encarecer la obra porque el privado tendrá que ir a buscar el dinero afuera y eso repercutirá en el valor base”, señaló Valderrama.
Fecha inadecuada
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) criticó que el Gobierno emita el nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en las próximas semanas.
“Cambiar las reglas de juego de la contratación pública implica tener que superar una curva de aprendizaje de al menos seis meses para revertir la caída de la obra estatal, algo contraproducente en un entorno de desaceleración económica y recesión sectorial”, afirmó Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio. El cambio que conlleva el nuevo régimen consiste, por ejemplo, en dotar de mayor discrecionalidad a los funcionarios públicos, lo que respondería a la gestión por resultados que el Poder Ejecutivo pretende impulsar. Se prevé que la adecuación al nuevo régimen tomará alrededor de tres meses.
Menos supervisión
La nueva Ley de Contrataciones del Estado, que entrará en vigencia una vez que sea publicado su reglamento, ha disminuido la función del Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE), criticó Carlos Carpio, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano. Puso como ejemplo que el OSCE deje de supervisar las contrataciones efectuadas por organismos internacionales, como Unops y OIM. También criticó que las contrataciones por montos menores a 8 UIT (S/.30.800) no tengan una supervisión rigurosa, y que los servicios de publicidad estatal puedan ser contratados directamente.
Fuente: Portafolio – El Comercio